Los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo presentaron una denuncia penal contra funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), por la demora en el traspaso de una partida de 2,4 millones de pesos destinada a la construcción de 780 viviendas en un predio ubicado en Castañares y General Paz. Los fondos fueron girados al IVC por el gobierno nacional a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, debido a que las obras se realizan dentro de las normativas establecidas por el organismo porteño, que está a cargo de las auditorías. Según la presentación, la entrega del dinero a la Fundación fue autorizada por la Gerencia Técnica del IVC, pero el traspaso sigue demorado porque “no cuenta con la firma del ingeniero Apelbaum”, titular del IVC. Por esa razón, además de la denuncia judicial, las Madres y los operarios que trabajan en la construcción de las viviendas –no perciben sus sueldos a raíz del problema planteado–, realizarán hoy un “escrache” contra Apelbaum y el director del IVC Eduardo Petrini.
En una nota publicada en junio por PáginaI12, Petrini –miembro del entorno más íntimo del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri– fue señalado como la persona que ostentaría el “poder real” dentro del IVC. La presentación judicial contra el IVC fue hecha por los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hugo Omar Gallardo y Sergio Gandolfo. Los abogados recordaron que el plan de viviendas que lleva adelante la fundación comenzó hace más de un año y que las obras más importantes se realizan bajo supervisión del IVC. Más allá de esa “subordinación técnico/administrativa” al instituto, los fondos son aportados por el gobierno nacional, en cumplimiento de un convenio del que también participa la Asociación Civil Esperanza de un Cambio, formada por los futuros propietarios.
Los demandantes precisaron que los beneficiarios del plan habitacional son “cientos de familias” que hoy viven en forma precaria en terrenos del Parque Roca y en otros asentamientos capitalinos. En cuanto a la urgencia por recibir los fondos, subrayaron que la fundación “no cuenta con una ‘masa crítica’ que le permita afrontar dilaciones en el cumplimiento de las obligaciones contractuales” de las que es firmante el IVC. En este sentido precisaron que el 4 de julio entregaron ante la Gerencia Técnica del IVC los certificados de obra correspondientes a la etapa 3 de los trabajos que se vienen realizando y que esos documentos fueron “debidamente refrendados” por las autoridades porteñas.
Por esas razones, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda nacional envió al IVC la suma de 2.474.215 pesos, con el objeto de que fuera transferida a la fundación para poder continuar con los trabajos. El 18 de julio, el apoderado Gallardo y el ingeniero Eduardo Ramón González Fernández se hicieron presentes en la Gerencia Financiera del IVC y se reunieron con su titular, Guillermo Depierro, a quien reclamaron la entrega del dinero. Fue cuando el funcionario porteño les dijo que “el pago no habría de efectivizarse por no contar con la firma del ingeniero Apelbaum”. En el escrito elevado a la Justicia se afirmó que con “ostensible nerviosismo” y ante la insistencia de Gallardo y González Fernández, el gerente Depierro “se contactó telefónicamente con el ingeniero Apelbaum”.
Al cabo de una breve conversación, les respondió que “no hará efectivo” el pago a la fundación “en atención a que (...) el ingeniero Apelbaum había dispuesto un destino diferente para dicho monto dinerario”. En este punto, los denunciantes afirmaron que “resulta indubitable de la mera declaración del funcionario (Depierro), la concurrencia de una acción típica como lo es la caracterizada en el artículo 260 del Código Penal”, que sanciona la malversación de caudales públicos. Esto sería así “tanto por el destino diferente dados a los fondos provistos por el gobierno nacional, como por el resultado disvalioso de ese accionar que asimismo encuadra las conductas en lo prescripto en el último párrafo de la misma normativa, en tanto afecta y entorpece claramente los servicios a que están destinados dichos fondos”. El artículo 260 fija multas a los funcionarios que pueden llegar hasta el 50 por ciento del total de la suma desviada.
Los representantes de la fundación pidieron, además, que se aplique el artículo 264 del Código Penal, que sanciona con inhabilitación especial de uno a seis meses al funcionario que demore en forma injustificada la entrega de fondos derivados por una autoridad competente. Señalaron que debe investigarse a fondo el caso porque lo ocurrido “puede configurar alguna figura típica del delito de defraudación, agravada por la condición de funcionarios públicos”. Los denunciantes citan como testigo, de los dichos de Depierro, al arquitecto Claudio Freidin, funcionario del gobierno nacional. Los apoderados solicitaron que se investiguen las responsabilidades penales que correspondan.
Al margen de la presentación judicial, las Madres y los trabajadores afectados realizarán un “escrache” a los funcionarios del IVC. Esto incluye a Petrini, que acompaña a Macri desde sus épocas de presidente de Boca. En el instituto y en la Legislatura se comenta que Petrini admite públicamente que nada sabe sobre el tema viviendas, pero que está allí porque es “amigo” de Macri. [Página 12]
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